21/09/2021

SE CONFIRMA LA LAXITUD DE LA CNMV EN EL CASO POPULAR.

Se cumplen tres meses de prórroga de instrucción penal, que continuará al menos hasta enero

El exdirector de la Unidad de Vigilancia de Mercado de la CNMV, Carlos Sánchez Vilar, justifica la pasividad de la CNMV ante las noticias y los sucesos que se desencadenaron a lo largo de la primavera de 2017, y que terminaron con la resolución del Banco Popular a espaldas de sus pequeños accionistas.

Las declaraciones de los responsables de la Junta Europea de Resolución (JUR), previstas para el 30 de septiembre, serán fundamentales para esclarecer una maraña, estas 'preferentes 2.0', intolerable e inasumible. La asociación agrupa en la querella ahora en marcha a más de 1.200 pequeños ahorradores, que soportaron sobre sus bolsillos la recapitalización encubierta del banco.

Tres meses después de la ampliación de la instrucción del caso Banco Popular, escasos avances y muchos interrogantes. La declaración este martes por la mañana del exdirector de la Unidad de Vigilancia de Mercado de la CNMV, Carlos Sánchez Vilar, incide en la posición escandalosamente pasiva de los supervisores y reguladores ante un fraude que se estaba gestando en sus propios ojos y que nadie intentó al menos controlar.

Sánchez Vilar ha declarado que su unidad no consideró "relevante" la acumulación de posiciones cortas de diversos inversores durante el segundo trimestre de 2017, posiciones que indicaban problemas en el Banco Popular. El declarante confirma que debían investigar posible "manipulación de mercado", pero que lo que observaban en aquellos momentos no pasaba de "toma de posiciones" por parte de los inversores. "La unidad no sigue las noticias del día a día", refiere el ex alto cargo de la CNMV al ser preguntado por las informaciones que ya entonces sugerían la situación del Banco Popular.

ADICAE espera que la declaración de los altos mandatarios de la JUR de la semana que viene suponga un impulso al esclarecimiento del caso. Este 30 de septiembre se espera la declaración de miembros de la Junta Única de Resolución, entre ellos la propia presidenta de la entidad, Elke König. Las próximas semanas serán claves en el devenir de la instrucción, teóricamente en marcha hasta el próximo mes de enero.

Miles de pequeños ahorradores siguen esperando respuestas y un resarcimiento ante lo que la asociación, que representa a los consumidores en este proceso penal, sigue calificando como un fraude de colosales dimensiones. Un fraude que no pudo haber tenido lugar sin la participación de multitud de responsables y colaboradores de multitud de entidades e instituciones..

En esta instrucción penal, en la que está presente ADICAE como acusación, se imputan los siguientes delitos: estafa a inversores, delito societario de falsedad de cuentas, delito contra el mercado de valores, administración desleal, información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Según datos del propio Banco Popular recopilados por ADICAE, al cierre de 2016 un total de 230.278 accionistas (un 75,9% del total) de la entidad tenían menos de 4.000 títulos cada uno, y 289.566 mantenían carteras de menos de 10.000 acciones (89,90% sobre el total). De esta forma, la inmensa mayoría del accionariado de la entidad estaba compuesto por pequeños accionistas.