11/06/2021

DOS NUEVAS IMPUTACIONES PLANTEARÁN EL CARÁCTER IRREGULAR DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DEL BANCO POPULAR ANTE LA PASIVIDAD DE LOS SUPERVISORES.

- El juez llama a declarar a dos nuevos imputados, entre ellos el director financiero del Banco Popular en el momento en que se preparaba su ampliación de capital en 2016. Las ramificaciones del caso son cada vez más complejas y anticipan un fraude de colosales dimensiones.

- El magistrado trata de aclarar cuáles fueron los protocolos que se siguieron para calcular el capital que necesitaba el Popular, por qué se eligió el procedimiento que se llevó a cabo, y qué consecuencias tuvo esa elección entre los 300.000 ahorradores que capitalizaron la entidad con 2.500 millones de euros. 

- Fiscalía Anticorrupción ve insuficiente el plazo de instrucción actual, que concluiría el 29 de julio, y ha solicitado al juez seis meses más para recopilar informes del Banco Central Europeo, el Banco de España y el Banco Santander. ADICAE prevé que esa cascada de informes confirmará los indicios de delito que los cuatro años de procedimiento penal ya están sacando a la luz.

- La asociación ve lógica la petición de la Fiscalía, aunque lamenta el retraso de un proceso que desde el principio se intuía complejo. La querella, a la que se pueden incorporar nuevos demandantes, se muestra como la mejor oportunidad para demostrar la responsabilidad de todos aquellos que precipitaron la dolosa resolución del Popular.

Estas nuevas imputaciones confirman que, en efecto, los cuatro años de instrucción que ya lleva este procedimiento penal no han sido suficientes para sacar a la luz todas las derivaciones, ramificaciones e irregularidades de un fraude que nunca debió haber ocurrido.

Esta semana han declarado miembros de la CNMV durante los años de ampliación de capital del Popular, y su declaración confirma punto por punto las tesis de ADICAE: el papel pasivo de los supervisores financieros en España, incapaces de cotejar si las cifras que planteaba el banco correspondían mínimamente con su realidad económica.

ADICAE pone voz a más de 300.000 consumidores, pequeños ahorradores con un perfil minorista en su mayor parte, por debajo de los 10.000 euros de media. Todos ellos recapitalizaron una entidad financiera con problemas de liquidez y solvencia, en beneficio del Banco de Santander que fue la entidad que adquirió el Popular por el simbólico precio de un euro.

Y en esta tesitura, ante la precipitación de plazos de caducidad y prescripción para exigir responsabilidades, adherirse a esta demanda es la salida más viable para ver resarcidos sus derechos. Por eso ADICAE hace un llamamiento a todos aquellos afectados para incorporarse a la querella y defender sus derechos, máxime si el juez acepta la petición de Fiscalía y aumenta el plazo de instrucción.